POR UN SINDICALISMO CÁNTABRO DE CLASE

Nota.- Esta aportación ha sido hecha para un ciclo de charlas sobre soberanismo cántabro, organizadas por el colectivo ABORA. Trata de poner bases, no de dar recetas. Ni siquiera de formular programas. Porque los programas pueden ser los mismos, pero diferenciarse según sean considerados como definitivos o como camino intermedio hacia la consecución de los fines últimos. Tampoco es una disertación sobre historia del Movimiento Obrero. Y, por supuesto, que esta aportación no pretende sentar cátedra de nada, sino ahondar en el debate.


1. ¿Por los programas los conoceréis?
2. Sindicalismo y política, dos partes de un todo
3. La evolución del sindicalismo, a grades rasgos
4. Los sindicatos hoy
5. La naturaleza de la explotación
6. La naturaleza de clase de la explotación capitalista
7. El carácter territorial de la explotación capitalista: el Estado-Nación
8. La contradicción de los sindicatos
9. El sindicalismo dentro de una estrategia socialista-soberanista
10. La lógica de nuestro proyecto
11. En interés de la mayoría
12. Un proyecto realizable
13. La pretendida soberanía y el socialismo
14. La función propia del sindicalismo en la estrategia socialista-soberanista


1.¿POR LOS PROGRAMAS LOS CONOCERÉIS?

Si hiciésemos el ejercicio de comparar los programas de distintos sindicatos, para una etapa determinada, posiblemente no hallaríamos demasiadas diferencias. Incluso, puede que ninguna.

Probablemente en todos aparecerían la defensa del poder adquisitivo de los salarios, la defensa del empleo, la reducción de jornada, la igualdad de derechos, la seguridad en el trabajo,…. Incluso pudiera encontrarse en más de una tabla reivindicativa la reducción de los abanicos salariales. Y, si apuramos algo más, también podríamos encontrar la demanda de un Marco Propio de Relaciones Laborales.

Incluir la reivindicación de un “Marco Propio (en nuestro caso Cántabro) de Relaciones Laborales” es un lugar común en los programas de los sindicatos de corte independentista. Y puede, incluso, ser reivindicada también por los sindicatos de corte reformista, cuyo objetivo “secreto” sea el de ocupar puestos en las instituciones, ser interlocutores en la Concertación Social, cogestionar partidas presupuestarias y ser reconocidos y aceptados como agentes activos en la “mejora del sistema”. Sin embargo, no suelen incluirla los sindicatos que, denominándose de clase, defienden que el marco de su lucha sindical se corresponde (y debe corresponder) con el ámbito del estado-nación, en este caso, español. Quiere esto decir que, para que esta reivindicación, la de un Marco Propio, tenga un contenido de clase, deberá ser más precisa, tanto en su contenido como en su carácter estratégico.

Se entendería por Marco Cántabro el lugar en donde se legisla, se negocia, se controla judicialmente, y en el que las partes ejercen sus medios de presión para la obtención de sus objetivos, todo ello en el marco de un mercado propio, que, en este caso, correspondería al delimitado por el actual territorio de Cantabria, pero estrechamente interrelacionado con el mercado global. Cuando hablamos de partes nos referimos a los trabajadores con sus organizaciones, a la patronal con las suyas, y a la Administración con la suya frente a las organizaciones de los funcionarios.

Tanto que se contemple tal reivindicación desde el campo reformista como que lo sea desde el independentista, tal reivindicación tiene ciertamente sentido y alcance, en cuanto que supondría una modificación importante del texto constitucional, ya que, según la Constitución, el Estado se reserva, en exclusiva, todo lo relativo a la legislación mercantil, la legislación laboral, la legislación civil; lo relativo a las bases de la planificación económica, a la Hacienda general, al fomento de la investigación científica, etc. Romper ese planteamiento centralista supondría, de por sí, un importante avance a favor de la descentralización. ¿Abogar por la descentralización es un objetivo de clase?

Pero, así visto, en abstracto, no supondría nada más. Ya que esa reivindicación, aún cuando representa un cambio importante, no implica un cambio radical en la estructura económica y social de la sociedad, puesto que mantiene intocable el aspecto de la propiedad, ni tampoco en la estructura política, puesto que, en todo caso, las modificaciones que se postulan, son consideradas normalmente dentro del régimen estatutario y constitucional de las comunidades autónomas.

Desde la óptica independentista, por tanto, deberíamos precisar más.

La diferencia de sentido que podremos encontrar si contemplamos esa reivindicación desde la óptica reformista es que se la considera como un fin en sí mismo, mientras que, desde el lado independentista, puede ser o bien considerada también como un fin en sí mismo o, por el contrario, como una puerta por la que avanzar hacia metas de clase más transformadoras.

¿Existe más de un independentismo?

Por supuesto que existe más de un independentismo: el de clase burguesa y el de clase obrera, al menos.

Clase obrera e independentismo son compatibles? ¿Internacionalismo obrero e independentismo son antagónicos?

Para las siguientes consideraciones, nos situaremos en una óptica soberanista-socialista, desde la que podamos precisar cuáles son las diferencias y sacar conclusiones prácticas para una estrategia de este tipo.


2. SINDICALISMO Y POLÍTICA, DOS PARTES DE UN TODO

Ante todo, es necesario dejar claro que una estrategia soberanista o de autodeterminación no implica el independentismo, si bien parece claro que la autodeterminación o soberanía son necesarias para acceder a la independencia. Pero pensar en independencia, a priori, como objetivo, indiscutible, puede ser aventurar demasiado. Sobre todo, si consideramos la lucha política y sindical en su aspecto dinámico, no estático ni en abstracto. Tendríamos que hablar de independentismo para hoy, para mañana, para siempre, para un pueblo concreto, con su historia, en un lugar determinado, etc. Porque independentismo es un concepto histórico.

Es por eso que aquí nos centraremos en lo que, para el sindicalismo, supone alcanzar la soberanía, que sólo será plena si se instaura el socialismo.

En una estrategia socialista-soberanista, el sindicalismo debe ocupar una parte, si no principal, sí fundamental.

El orden al denominar el socialismo-soberanismo o viceversa no implica prioridad en el tiempo ni mayor o menor importancia. Son dos aspectos de una misma dinámica que se complementan, se interfieren e influencian, condicionándose mutuamente. Si hablamos de socialismo y soberanía para el conjunto del pueblo trabajador, que ahora es todo menos soberano, podemos anticipar nuestra opinión de que sin socialismo no hay soberanía y sin soberanía no hay socialismo. Demostrar esto requerirá de cierta argumentación que se irá desprendiendo de esta exposición y a lo largo de toda ella.

Tradicionalmente y como consecuencia del influjo de las ideologías burguesas dominantes, el movimiento sindical ha sido ubicado en una parte de la realidad social, en la denominada lucha económica, negándole legitimidad y eficacia para acometer transformaciones profundas de la sociedad. Lucha económica, lucha política, luchas sociales, feminismo, ecologismo… compartimentos estancos todos ellos, divide y vencerás. A las clases dominantes les ha interesado siempre esta división y han teorizado sobre ella, tratando de (y consiguiendo) darle apariencia de racionalidad y carta de ciudadanía. La representación política es por antonomasia la que da legitimidad para debatir sobre las distintas concepciones globales de la sociedad, los derechos fundamentales, aunque siempre respetando la autonomía de las partes en el terreno económico, en el que supuestamente, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos. Curiosamente, la ideología burguesa defiende la tradicional separación de poderes dentro de lo político, pero también de esferas en el terreno de la actividad social, lo económico, lo político, lo social, lo privado. Y, como consecuencia de esa dominación ideológica, los distintos movimientos han caído en la trampa de tal división, llegándose al paroxismo de la total dispersión, con la existencia de minúsculos grupos que compiten por la hegemonía dentro, incluso, de un mismo movimiento.

También desde supuestas posiciones marxistas y leninistas, la lucha por la transformación de la sociedad se ha contemplado en dos planos, la lucha económica y la lucha política, siendo ésta la fundamental y aquella secundaria, situándola en un plano inferior, y como si fuesen independientes una de otra. Sin embargo, y como ocurre con el socialismo y el soberanismo, lucha política y lucha económica interactúan, dependen una de otra, se complementan. Porque hablamos de lucha política real, la que disputa el poder y no se contenta con el reparto de puestos; y de lucha económica integral, la que disputa la propiedad de los medios de producción y no se conforma con su cogestión. Sí se puede decir, con todo, que todas las demás manifestaciones de luchas sociales, con sus peculiaridades, y sin reduccionismos extremos, se ven atravesadas tanto por la lucha política como por la económica. No se puede hablar de liberación de la mujer sin derecho al voto y sin autonomía económica, ni de protección del medio ambiente sin protección de los recursos naturales y cambio en el modelo productivo y de consumo, por poner dos ejemplos.

El sindicalismo de clase debe contribuir eficazmente a que la lucha económica sea política y la lucha política económica. Pero más allá de las palabras. No basta con que los sindicatos se definan como “socio-políticos”, sino que su acción debe tener orientación política y su política tiene que tener repercusiones sociales objetivas, fruto de una acción donde lo social esté integrado con lo económico y lo político, en una única estrategia, aunque puedan aplicar tácticas diferentes.

La experiencia, con todo, parece decir que tal integración no es fácil.


3. LA EVOLUCIÓN DEL SINDICALISMO A GRANDES RASGOS

El sindicalismo es un movimiento histórico y, como tal, se ha manifestado de diversas formas, según el momento, el lugar y las circunstancias. No ha sido el mismo el sindicalismo de la primera revolución industrial que el de la segunda. Ni el de la Primera Internacional que el de la revolución comunista. Ni el sindicalismo de la Cataluña industrial del principios del siglo XX que el de los campesinos de la Andalucía del mismo periodo.

En su nacimiento, y en general, como movimiento espontáneo ante las atrocidades de un bárbaro y primitivo capitalismo, no supo o no pudo plantearse más que una lucha defensiva y espontánea ante ellas.

La maduración del movimiento y el perfeccionamiento del sistema de explotación capitalista crearon nuevas circunstancias, que gestaron una progresiva toma de conciencia del CARÁCTER DE CLASE de dicha explotación y de la necesidad de responder, también, COMO CLASE, no sólo defensivamente, sino pasando a la ofensiva y planteando la necesidad de destruir el sistema burgués y sustituirlo por otro que realmente fuese capaz de atender las necesidades del conjunto de la población trabajadora.

Todo un proceso tuvo lugar.

Desde la organización ante los desmanes de un patrón concreto, se avanzó hacia la coordinación de las luchas contra todos los patronos de un sector; desde las huelgas generalizadas en ciudades o comarcas, se llegó al nacimiento de organizaciones políticas obreras, como plataformas para acceder a puestos de representación política, que llevasen a los parlamentos las reivindicaciones de cambios más o menos profundos de la sociedad.

Para entonces ya se había dividido la acción social en compartimentos estancos. Una cosa era la política y otra la acción obrera. Se toleraban partidos interclasistas, pero se prohibían los sindicatos, considerados más netamente obreros, convirtiéndose la legalización de los sindicatos en una reivindicación política fundamental.

Y, tras todo este proceso, se llegó, también, a plantearse la lucha revolucionaria que provocase el derrumbamiento del sistema burgués y su sustitución por un nuevo sistema en el que la igualdad y la libertad para los trabajadores y trabajadoras fuese su base política, social y económica. Sindicalismo y lucha política se englobaban, no obstante, en un mismo término: “Movimiento Obrero”, aunque su significado fuese muy diverso.

Pero la relación entre política y sindicalismo no ha sido siempre dialéctica.

Las nuevas circunstancias que se abrían paso daban lugar a nuevas vías para la acción, pero éstas no siempre han sido integradas en una única estrategia, surgiendo el enfrentamiento, a menudo, entre las estrategias políticas y los movimientos sindicales y la manipulación de éstos por aquellas, como si fuesen dos realidades diferentes, y separadas, y una supeditada a la otra.

Pronto la lucha política asumió todo el protagonismo, reduciendo el ámbito de la lucha sindical a la reivindicación de mejoras parciales, dentro del sistema económico imperante. La lucha por arrebatar la propiedad de los medios de producción quedó arrinconada. El carácter anticapitalista radical que espontáneamente adquirió el movimiento sindical en sus inicios, paulatinamente fue desdibujándose y tomando cuerpo toda una corriente reformista del capitalismo que, con el paso del tiempo, se ha convertido en mayoritaria. Los partidos obreros se han convertido en interclasistas y los sindicatos en “agentes sociales”, pilares del sostenimiento del actual modelo económico.

Es preciso señalar que el llamado Estado de Bienestar, instaurado después de la IIª Guerra Mundial, y extendido por la casi totalidad de los estados europeos, fue fruto de un acuerdo entre la burguesía de los países vencedores y la parte reformista de sus respectivos movimientos obreros. Su finalidad fue “salvaguardar el capitalismo” ante la amenaza que suponía la existencia de un pujante movimiento obrero revolucionario, aglutinado fundamentalmente entorno a la Unión Soviética y la IIIª Internacional como puntos de referencia. Con ese acuerdo, los partidos y sindicatos obreros firmantes pasaron, paulatinamente, a hacerse fuertes con el apoyo de las instituciones del estado y el poder que éste les otorgaba más que con el de sus bases obreras.

Hoy, dentro del sindicalismo que se autodefine “de clase” existen muchos planteamientos y, sobre todo, prácticas que no son anticapitalistas.


4. LOS SINDICATOS HOY

Socialmente se ha impuesto la idea de que los sindicatos son meros centros de gestión de reclamaciones individuales y colectivas, en base a un Derecho del Trabajo, cada vez más recortado.

Todo lo que se salga de ahí es considerado, en cierto modo, inadecuado.

Reivindicar mejoras salariales debe hacerse “responsablemente”, atendiendo a la realidad social del momento que, paradójicamente, siempre es la misma: paro, precariedad, desprotección, bajos salarios, etc.

Cualquier demostración de fuerza para obtener mejoras, como es la huelga, aunque se desenvuelva dentro de los límites legales, es considerada como un método anacrónico, si no como un atentado contra las bases económicas y políticas del sistema, y calificada inmediatamente como socialmente irresponsable por los medios dominantes de comunicación y de influencia ideológica, pero también por los gobiernos y los “sindicatos oficiales”.

La división de la sociedad en clases –dicen- no tiene vigencia. Reivindicar una transformación profunda de la sociedad, construida sobre bases nuevas, sobre la desaparición de las clases sociales, y sobre la igualdad de oportunidades y la libertad para todos, se ha convertido en algo subversivo.

No obstante, sigue habiendo sindicatos de clase que defienden un verdadero significado de tal denominación, que se fundamenta en la afirmación de que el sistema de explotación capitalista es un sistema de explotación de clase, y de que la lucha contra el mismo tiene que ser también una lucha de clase. Y, aunque son marginados y combatidos por el sistema y tildados de extremistas y radicales, logran sobrevivir, con más dificultades en algunos momentos que en otros, pero incorporando continuamente nuevos afiliados, entre jóvenes, “no contaminados” de conformismo, y entre trabajadores adultos desengañados del sindicalismo mayoritario, reformista y “oficial” . Porque la explotación está ahí, y no es fácil camuflarla, siempre y del todo, ante la conciencia de los que la sufren.


5. LA NATURALEZA DE LA EXPLOTACIÓN

A menudo, hablamos de la explotación fijándonos únicamente en sus manifestaciones externas, en la dureza del trabajo, en el despotismo de capataces y patronos, en lo mezquinos que son con nosotros, escatimando salarios y medidas de seguridad, cuando todos estos aspectos no son más que eso, manifestaciones externas.

La explotación que nos iguala a todos los asalariados, la raíz de la explotación consiste en que el empresario no nos paga por todo el valor de lo que producimos. Después de recuperar todo lo que ha invertido en producir, cubre sólo nuestras necesidades básicas, y él se queda con el resto. Cuanto más beneficio saca por cada euro que ha invertido en nosotros, sus asalariados, por nuestro trabajo, mayor es la explotación, independientemente de que nuestro trabajo haya sido más o menos duro, de que las relaciones sociales en la empresa resulten más o menos llevaderas y de que nuestros salarios, comparativamente con el de otros trabajadores, puedan parecernos aceptables.

Así, el trabajo no pagado es el beneficio del empresario y el resultado de nuestra explotación. Y sirve para aumentar progresivamente su poder y nuestra dependencia y, consecuentemente, nuestra explotación.

Con el trabajo no pagado el empresario puede ampliar su negocio para aumentar sus beneficios (es su principal obsesión), puede invertir en nuevos negocios, puede invertir en operaciones financieras, puede especular, puede ahorrar y, por supuesto, puede darse la gran vida, mucho mejor que la nuestra. La acumulación continua de capital por parte de los empresarios es la base y el motor de su actividad.

Y puede hacerlo porque está legitimado por el sistema, tanto por la Constitución y las leyes, como por la ideología imperante, que reconocen su derecho a apropiarse del fruto de nuestro trabajo, al ser él el dueño de los medios de producción.

Con el trabajo no pagado a los asalariados de las empresas mercantiles (que venden sus productos en el mercado), se mantiene la economía de todo un país, de todo un estado, porque son los asalariados de estas empresas y sólo ellos los que producen los ingresos de los que vive todo el sistema capitalista.

Con trabajo no pagado del conjunto de la economía mercantil se pagan los servicios públicos, se paga a la Administración, a todos los funcionarios, a los jueces, policías y militares; se pagan las cárceles y el armamento, se paga a los políticos, se mantienen las ONG’s, se financia a la Iglesia y se pagan todas aquellas actividades encaminadas a “acicalar” el sistema, en un intento de mejorar su imagen.

Con trabajo no pagado se financian todas las instituciones cuya finalidad es adoctrinar a la población para que acepte dócilmente o, más o menos gustosamente, el estado de cosas tal como está e, incluso, llegue a pensar que es lo más provechoso para ella misma.

Con trabajo no pagado se subvenciona a los sindicatos “oficiales” que colaboran en mantener el status quo, adormeciendo a los trabajadores y sembrando el desánimo y la desunión. A cambio reciben importantes ventajas.

Con trabajo no pagado se mantiene el sistema de Seguridad Social y de Protección del Desempleo, y se construyen las infraestructuras del Estado, carreteras, aeropuertos, vías férreas y también hospitales, colegios, universidades, de las que nos beneficiamos todos pero, en especial, la economía general del país.

Con trabajo no pagado los empresarios devuelven sus préstamos a los bancos y pagan, a éstos, los intereses y, en parte, con trabajo no pagado los bancos pueden prestar dinero y pagar intereses, hinchar burbujas financieras, inmobiliarias y de toda índole. Con trabajo no pagado los gobiernos se dedican a salvar bancos y empresas en quiebra.

Con trabajo no pagado se costea la investigación, tanto en tecnologías que ayuden a reducir el tiempo de trabajo necesario para producir y consecuentemente los costes salariales, como a someter y controlar a la población en su conjunto. Globalmente, la economía crece al crecer su población activa y empleada, aunque individualmente cada empresario busque constantemente los medios técnicos y tecnológicos que le permitan reducir su plantilla.

Con trabajo no pagado se costean los gastos en publicidad comercial para inducirnos al consumo, y a que contribuyamos al cierre del ciclo económico (inversión-producción-venta-beneficio) y comience, de nuevo, un nuevo y similar ciclo. Con la publicidad se trata de adecuar las necesidades de la población a la oferta más rentable para las empresas y no al contrario, como debería ser.

Con trabajo no pagado se crean diferencias entre la población, de forma que se rompa la conciencia de que la gran mayoría somos explotados de una misma manera. Con trabajo no pagado se costean los fabulosos contratos de las estrellas del deporte, de la cultura, del espectáculo. Pero también los de los altos ejecutivos de las empresas.

Con trabajo no pagado se financia todo el sistema de explotación que nos hace, cada vez, más dependientes y más desiguales.

Al trabajo no pagado se le ha llamado, técnicamente, plusvalía.

Dos matices que es necesario tener en cuenta: uno, sobre los empleados, encargados, dentro del sistema productivo, de controlar el trabajo de los productores y, otro, sobre los funcionarios públicos.

El empresario necesita de la colaboración de trabajadores asalariados que tengan como misión hacer que los demás asalariados trabajen, exigiéndoles más rendimiento y controlándoles para asegurar que cumplen con las obligaciones impuestas por su contrato de trabajo. Generalmente, estos empleados perciben un salario mayor que el resto y esa diferencia de salario no se deriva de una reducción de la ganancia del empresario, sino del trabajo no pagado al productor. Pero no dejarán de ser asalariados y, por lo tanto, dependientes.

En cuanto a los funcionarios, hay que tener en cuenta que son explotados en cuanto que tampoco a ellos se les paga por el valor de todo lo que producen con su trabajo. Pero no producen ingresos para el conjunto de la economía capitalista, sino que ahorran gasto al sistema, porque cobran menos de lo que vale el trabajo que realizan. El producto de su trabajo no es vendido en el mercado (aunque sea útil para la sociedad), su salario no depende de la oferta y la demanda, su vinculación con su empleador se rige por otras normas que les otorgan condiciones más ventajosas a la hora de negociar (con el Estado) sus condiciones laborales. Por todo ello, es por lo que el sistema capitalista se empeña en privatizar los servicios públicos, para hacerlos depender de la dinámica del mercado y convertirlos en fuentes de ingresos y, correlativamente, de beneficios. Esa es la causa principal por la que los capitalistas presionan tanto a los gobiernos para que dejen en sus manos la gestión de los servicios públicos, mediante grupos de presión y todo un discurso de que la gestión privada es más eficaz y más rentable (también para el Estado) y otras zarandajas.

Un sindicato es de clase, por tanto, no ya porque todos sus afiliados sean asalariados, públicos o privados, sino porque denuncia este sistema de explotación y busca la forma de oponerse a él, eliminarlo y sustituirlo por otro más justo.

Su objetivo inmediato será recuperar el máximo de trabajo no pagado o, dicho de otro modo, que le suban el salario directo y que le mejoren los servicios públicos y las condiciones de vida (salario indirecto).

Pero su objetivo final será la desaparición del sistema de explotación que permite que le sustraigan parte del valor del producto de su trabajo. O dicho de otra forma, que el actual sistema sea sustituido por otro en que el conjunto del trabajo no pagado sea realmente administrado colectivamente por los productores, y tenga efectos en la calidad de vida de todos y cada uno de los individuos.

Luchar por el mencionado objetivo inmediato iguala a los sindicatos, ciertamente, en el campo reformista de pretender mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, dentro del sistema, pero ello no implica, en sí mismo, la voluntad de cambiarlo. Esa lucha es inevitable, porque las personas tienen que vivir, todos los días, para seguir luchando. Pero, si no quieren quedarse en puros reformistas, al reclamar cuestiones inmediatas, los sindicatos deberán hacerlo con la mira claramente puesta en el objetivo final.

Y para ello, deberán, al mismo tiempo que luchan por la reivindicación concreta, conseguir que crezca la conciencia de que lo que se reivindica es justo, no sólo por un mero sentido de humanidad, de justicia social y de un difuso derecho a la vida, sino porque se trata de recuperar algo que nos pertenece a los trabajadores y que nos ha sido sustraído: “Expropiar a los expropiadores”. Psicológicamente es distinto. Que crezca la conciencia de que es preciso organizarse, como clase, para conseguir los objetivos. Que crezca la conciencia, también, de que, cuando un trabajador hace huelga, no sólo impide que la producción continúe y que con su actitud presiona sobre los intereses del empresario, sino que recupera la soberanía sobre su fuerza de trabajo, parcialmente hipotecada por su contrato de trabajo.


6. LA NATURALEZA DE CLASE DE LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA

Las clases existen y objetivamente están enfrentadas: empresarios-trabajadores, propietarios-asalariados.

Aunque la composición, dentro de cada clase, no sea homogénea y existan intereses contrapuestos dentro de las mismas, entre sus distintos segmentos, en momentos determinados e, incluso, en general, entre rentistas, banqueros, comerciantes, empresarios industriales o de servicios, sobre todo en los momentos claves, todos harán causa común por defender el actual estado de cosas.

Y, enfrente, los trabajadores. Que podremos vernos más o menos agredidos por las políticas empresariales o de la Administración Pública, por la precariedad, el paro y la marginación, pero que, en un momento determinado, será inevitable que caigamos en la cuenta de que, en lo fundamental, padecemos el mismo mal: somos asalariados, no disponemos de otro modo de subsistencia que ofrecer nuestra fuerza de trabajo al mejor postor, y dependemos, en definitiva, de que los dueños del dinero tengan interés en contratarnos. Y que sólo nos falta desterrar la timidez, descubrir la fuerza que podemos sumar si actuamos como clase, y no con iniciativas aisladas y, muchas veces, contrapuestas.

La persistencia de esta situación de dependencia y desigualdad radical e injusta sería inexplicable si no existiera una potente fuerza que impidiese cualquier cambio. Esa fuerza es el Estado, que asume la defensa del sistema y cuenta con poderosos medios coercitivos, físicos y legales, para impedir que nadie trate de cambiar las cosas.

El Estado, en un país en que conviven dos clases enfrentadas y una es explotada por la otra, y su misión básica es asegurar que nada cambie, no puede ser neutral. En nuestro caso, es un estado burgués. No defiende a todos por igual. Nace sobre una desigualdad anterior. Y su función es consolidar esa diferencia. El estado es, por tanto, una organización de clase, al servicio de los intereses de una clase, y contra los intereses de la otra.


7. EL CARÁCTER TERRITORIAL DE LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA: EL ESTADO-NACIÓN

Pero, no olvidemos que la explotación se hace sobre cada trabajador en particular, sobre una población concreta, dentro de un marco territorial determinado y en un mercado controlado y protegido por unas leyes y unas autoridades con poder que permiten y favorecen la acumulación permanente de capital mediante la explotación de la fuerza de trabajo.

Históricamente, todas las “ampliaciones de mercado”, todas las globalizaciones, todos los imperialismos, todas las expansiones han tenido como punto de partida la explotación de los propios trabajadores del país imperialista. La acumulación de recursos, en forma de trabajo no pagado, de plusvalía, dentro del propio país, ha hecho posible que los explotadores, con el apoyo de sus estados, de sus flotas, de sus ejércitos, exporten mano de obra y capital con el fin de sentar las bases de explotación en otros países invadidos y conquistados.

Normalmente, el capital utiliza los recursos materiales que la naturaleza le ofrece, en un territorio determinado, al tiempo que aprovecha sólo las particularidades culturales e idiosincrasia de los pueblos que le favorezcan en su proceso de acumulación, desechando y eliminando aquellas que puedan entorpecer su libre desenvolvimiento. Generalmente tenderá a la uniformización de las condiciones de producción, de forma que se eliminen todas las trabas posibles para la libre circulación de sus productos y capitales, y lo hará sin miramientos, ya que su única obsesión es obtener el mayor beneficio particular.

La función de los estados se concentra en proteger las fronteras, mediante aduanas, pero también militarmente; hacer que funcione el mercado propio, dentro de dichas fronteras; regular su funcionamiento; proteger a los agentes internos, mediante aranceles, de los externos; subvencionando las exportaciones, cuando es preciso; regulando las relaciones laborales, como hemos apuntado más arriba, con vigencia en todo el territorio estatal; recaudar impuestos con que financiar todo su organigrama y funcionamiento; crear infraestructuras, con dinero público, sobre las que se apoye la economía; aglutinar a la población en torno a un ideario homogéneo que, partiendo de una interesada interpretación de la historia, provoque en la gente un sentimiento unitario de pueblo, con una misma historia y un único destino. Todo ello con un claro objetivo: someter a los trabajadores, bien mediante leyes y leyendas y, llegado el caso, por la fuerza, dentro y fuera del propio país, para lograr que el actual estado de cosas perdure en el tiempo.

Como hemos dicho, el Estado es, por tanto, una organización al servicio de una sola clase en su lucha por la explotación de la otra. Por lo que el establecimiento de un marco propio de relaciones laborales, en una parte del estado, rompería la actual estructura centralista del Estado (lo que presentaría aspectos positivos y negativos), pero no implicaría, por sí mismo, la ruptura de la estructura de clases de esa parte del territorio, circunscribiéndose la lucha de clases a una parcela del territorio, pero permaneciendo dicho antagonismo.

La consecución, por tanto, de un marco propio de relaciones laborales, sin más, indicaría que permanece la lucha de clases, pero en un ámbito más reducido, con los pros y contras que ello supone, y que habría que valorar en cada caso, lugar y momento.

Sin embargo, la consecución de la soberanía, para que sea plena y para que sea de clase, porque alcance al conjunto de la población trabajadora, deberá incluir la soberanía sobre el territorio, sobre los recursos naturales, sobre los medios de producción, sobre el producto excedente, sobre el patrimonio cultural, sobre la organización social administrativa, derivándose de ello la independencia y la relación de igual a igual con las demás naciones y pueblos.

En consecuencia, LA NATURALEZA DE CLASE DE LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA Y SU CARÁCTER TERRITORIAL DEBEN MARCAR LA ESTRATEGIA SOCIALSITA-SOBERANISTA.


8. LA CONTRADICCIÓN DE LOS SINDICATOS

Lo contrario al sistema asalariado es la soberanía económica, la independencia material de los trabajadores. Pero la independencia material admite grados. La libertad con que un trabajador puede rechazar o no una oferta de trabajo se mide en función de las posibilidades que tenga de sobrevivir en el caso de que la rechace. Y esas posibilidades dependen de muchas cosas y admiten diversos grados. Mucho es cuestión de cantidades, de tener más o menos. O de necesitar más o menos. Dependen de su posición económica, de la de su familia o grupo social más cercano al que pertenece. Dependen de su competencia para acceder a otros empleos más favorables. Dependen de su capacidad para obtener ingresos por su cuenta. Dependen de la protección social a que tenga derecho. Y, por supuesto, dependen del modelo de vida que se haya planteado adoptar, de su dependencia del consumismo, etc.

No olvidemos que estamos hablando del trabajador dentro del sistema capitalista.

Los sindicatos de clase se mueven, inevitablemente, y dentro del sistema capitalista, en una contradicción esencial: reclamar más empleos asalariados para que la gente pueda sobrevivir, a la vez que deben oponerse al sistema de trabajo asalariado por considerarlo una esclavitud a tiempo parcial. Deben reivindicar mayor protección social a la vez que deben asumir el deber de todos a contribuir con el trabajo a los ingresos de la comunidad. Deberían saludar, como algo positivo, el aumento del número de los llamados autónomos y, a la vez, denunciar que lo de autónomos es, en la práctica, pura filfa.

¿Cómo pueden los sindicatos superar esa contradicción? Sólo dialécticamente. Analizando la realidad en su continua evolución. Decidiendo según las circunstancias, la correlación de fuerzas y otros factores del momento. Pero, a la vez y siempre, orientando su actividad hacia el fin último para el que fueron creados y que les da legitimidad y carta de ciudadanía para seguir actuando: la desaparición del sistema de trabajo asalariado. O, lo que es lo mismo, conquistando la autonomía y libertad de todos los trabajadores. No dando tumbos pero, sí, eligiendo la opción más favorable, en cada momento, en función de las propias fuerzas, para el logro de sus objetivos.

La disyuntiva, en abstracto, entre Reforma y Revolución no tiene sentido práctico. Sí lo tiene, sin embargo, tratar de conjugar las medidas orientadas a proporcionar los medios de supervivencia inmediata de los trabajadores con la necesidad de arriesgar para alcanzar objetivos de mayor alcance. Ambos aspectos son necesarios. Pero una cosa es sobrevivir, utilizando dialécticamente las debilidades del sistema, y otra muy distinta, adoptar políticas claramente colaboracionistas.

Es en esa articulación de los objetivos parciales con los globales, donde deben enmarcarse todas las reivindicaciones que demandan soluciones inmediatas y parciales para alguno, para todos y cada uno de los individuos, y para ellos en su conjunto (y que caracterizan a los sindicatos), al tiempo que deben tener cabida todos los discursos colectivos, ideológicos y políticos, que propugnen y reivindiquen otra forma de organizar la sociedad, de forma que desaparezca la necesidad de estar continuamente reivindicando condiciones de vida y trabajo más justas. Constantemente, los sindicatos deberán hacer ver a los trabajadores que tal reivindicación concreta no hubiera sido necesaria si la sociedad estuviera organizada de otra forma, sobre otras bases. Y que, por lo tanto, tan importante es luchar por lo uno como por lo otro.

La lucha contra el patriarcado, contra el consumismo, contra el parasitismo, contra la desigualdad, contra la uniformidad cultural, contra la opresión, en definitiva, son frentes en los que la conjunción de las conquistas inmediatas pueden facilitar la toma de conciencia sobre la necesidad de sustituir esta sociedad por otra radicalmente distinta y la acumulación de fuerzas en torno a ella.

En consecuencia, toda estrategia sindical de clase y toda estrategia socialista-soberanista deberán conjugar la lucha por objetivos inmediatos, cuyos logros faciliten la acumulación de fuerzas, con el planteamiento de objetivos globales de mayor alcance que faciliten la comprensión de la dirección a seguir.


9. EL SINDICALISMO DENTRO DE UNA ESTRATEGIA SOCIALISTA-SOBERANISTA

La lucha económica es el eslabón que sitúa la estrategia a ras de suelo, que la conecta con la realidad social. La lucha política también debe conectar con la realidad social, pero, fácilmente, puede sobrevivir apartándose de ella, con discursos teóricos, abstractos, retóricos y, para muchos, ininteligibles.

La lucha económica plantea objetivos materiales, concretos, a plazo determinado, que sólo pueden ser desvirtuados o tergiversados mediante discursos políticos ofuscadores, demagógicos, supuestamente defensores del bien común, o de “razones de Estado”, y/o basados en los más bajos impulsos de la irracionalidad humana.

Para un trabajador en huelga es fácil calcular lo que pierde cada día que deja de trabajar y cuánto tardará en recuperarlo si gana en su lucha y consigue los objetivos. Es difícil engañarlo. Pero nadie evitará que pueda tener miedo ante la incertidumbre que supone desconocer, de antemano, su resultado final.

Argumentar, en una asamblea, en la que se dilucide ir o no a la huelga, con la correspondiente pérdida de salarios, cuando muchos de los presentes tienen asumidas claras responsabilidades de carácter económico y social, es un reto importante para quien defienda cada una de las posturas. No se suele, en estos casos, permitir ningún tipo de elucubraciones. Decidir en un sentido o en otro representa un verdadero compromiso.

La lucha sindical es una verdadera escuela para la lucha política, porque enfrenta la lógica de los argumentos con la situación material y el estado de ánimo del que los escucha. La lucha sindical nos enfrenta, muchas veces, con verdaderas “horas de la verdad”.

Generalmente nos planteamos si hay o no razones suficientes para ir a la huelga, cuando lo que deberíamos preguntarnos, más a menudo, es por qué, cuando existen esas razones, hay trabajadores que no la secundan. Muchos componentes psicológicos entran en juego. Y que no hay que despreciar. El complejo de inferioridad e impotencia que el sistema introduce en la conciencia de los trabajadores asalariados es, sin duda, uno de los más importantes.

Por eso, a menudo, más que la claridad de los razonamientos de nuestro discurso, influyen la confianza en las personas que lo pronuncian. Y, sobre todo, “tener la suerte” de haber experimentado gozosamente, por uno mismo, en alguna ocasión anterior, el poder y la fuerza que adquirimos cuando nos agrupamos y trabajamos organizadamente.

Pero, para que esto último se dé con más frecuencia, los sindicatos deben provocar esas situaciones, en que el individuo-trabajador experimente, por sí mismo, y disfrute levantando la cabeza y diciendo no, entre otras cosas.

Corresponde, a los sindicatos de clase, intentar que las luchas de los diversos colectivos coincidan en el tiempo. De tal manera que los trabajadores en lucha, perciban que es uno y el mismo el enemigo al que se enfrentan, las mismas leyes, la misma policía, los mismos jueces, los mismos medios de adoctrinamiento de masas, que cierran filas alrededor de los patronos, aunque éstos sean varios y distintos. No suele ser ésta la preocupación de los sindicatos reformistas precisamente. Antes al contrario, maniobran todo lo que pueden para que esa coincidencia no se dé.

Por tanto, convencer a una mayoría de que el futuro va a ser objetivamente mejor, si logramos que nuestro proyecto alcance el éxito necesario, plantea varios retos: 1. Que el proyecto sea lógico, en sí mismo. 2. Que interese a la mayoría. 3. Que permita, al menos, obtener algunos éxitos, aunque sólo sean parciales, o sea, que presente visos de ser realizable, de forma que, además de comprobar que la estrategia es lógica, tengamos la oportunidad de percibir “sensorialmente” e intuir que juntos podemos, que alcanzar los objetivos es posible, y 4. Que sea creíble, que quienes lo defendemos merezcamos confianza por nuestra reconocida fidelidad a las ideas que defendemos y nuestro compromiso con ellas para llevarlas a la práctica.

Esto último, de entrada, lo damos por supuesto. La cuestión se centra, por tanto, en los tres primeros aspectos.


10. LA LÓGICA DE NUESTRO PROYECTO

Para transformar la sociedad, para sustituir el actual sistema por otro radicalmente distinto, es crucial conocer-descubrir cuáles son los logros y avances del actual sistema que corresponden en exclusiva al mismo y distinguirlos de los que son atribuibles a la propia naturaleza de las cosas, de tal manera que no nos empeñemos inútilmente en desterrar realidades que tienen su origen en nuestro propio ser, ni atribuyamos al sistema los logros alcanzados o los fracasos cosechados por el conjunto de la humanidad en su caminar hacia el progreso. Hemos de reconocer la doble tendencia que se da en cada individuo y, por extensión, al conjunto de la sociedad: la tendencia a conservar lo que se tiene y la tendencia a arriesgar para conquistar mayores cotas de bienestar.

Dicho de otra manera. Nuestro proyecto no tiene por qué destruir todos los adelantos que, dentro del sistema capitalista, son genuino resultado del trabajo y creatividad de los trabajadores, sino que, más bien, debe construir sobre ellos. Y, al mismo tiempo, debe contar con las tendencias reaccionarias y limitaciones que existen, en mayor o menor medida, en todos y cada uno de los individuos, vivan en el sistema que vivan.

Descubrir cómo el sistema se apoya en nuestras tendencias conservadoras y contrarias al progreso y cómo fomenta que las mismas se desarrollen será una parte importante de nuestras tareas.

Descubrir mediante qué mecanismos el sistema asegura o pretende asegurar que la situación no cambie, que se reproduzca continuamente, convenciéndonos de que debe ser así, será otra.

Demostrar que las cosas pueden cambiar radicalmente sin que se produzca una hecatombe, quizá sea la más importante. Cuanto más aplastante sea la mayoría que quiere el cambio, la transición se producirá con menos violencia, aunque difícilmente se producirá sin ninguna.


11. EN INTERÉS DE LA MAYORÍA

Una estrategia que no presente avances para la gran mayoría necesitada de ellos siempre estará abocada al fracaso. Si nuestro proyecto no ofrece posibilidades reales de mejora al conjunto de las mujeres y en especial a las mujeres trabajadoras, por poner un ejemplo, contará, de entrada con la oposición o, cuando menos, pasividad o lastre de la mitad de la población. El reto se nos plantea desde el momento en que emplazamos a la gente a elegir entre lo menos malo que el sistema le proporciona y lo bueno y mejor que nuestro proyecto le ofrece.

Nuestro proyecto debe ser y aparecer como positivo para amplias mayorías, de forma que cada cual comprenda que la plasmación del mismo en la realidad le va a proporcionar ventajas con respecto a su situación actual.


12. UN PROYECTO REALIZABLE

Demostrar que un proyecto, que no se ha estrenado aún, es realizable, sólo se podrá hacer por comparación con otras experiencias pasadas y/o actuales existentes.

Que el proyecto conjugue objetivos a largo alcance con otros inmediatos, asequibles y fácilmente constatables es necesario.

Apoyarnos en experiencias positivas vividas, individual y colectivamente, que podamos comparar con las que el proyecto propone con carácter inmediato hará más fácil su asimilación.


13. LA PRETENDIDA SOBERANÍA Y EL SOCIALISMO

Si ser soberano es ejercer o poseer la autoridad suprema e independiente sobre sí y/o sobre los demás, un proyecto soberanista deberá garantizar la soberanía individual y colectiva de todos los miembros de la comunidad. Y esa soberanía deberá ser integral. Soberanía sobre la capacidad de decidir, soberanía sobre los medios de subsistencia, sobre la propia vida, individual y colectiva, que es más que respirar y sobrevivir biológicamente, sobre los medios de producción, soberanía sobre el territorio en que se habita, soberanía sobre el modo de vida y la propia cultura. Conseguirla significará que se produzca una transformación radical de la sociedad que suponga la desaparición del sistema capitalista y consiguientemente la desaparición de las clases.

Esta soberanía integral, individual y colectiva, sólo se conseguirá para todos, mediante un sistema socialista.

Un sistema socialista que no otorgue dicha soberanía integral a todos los trabajadores no merecerá denominarse tal.


14. LA FUNCIÓN PROPIA DEL SINDICALISMO EN LA ESTRATEGIA SOCIALISTA-SOBERANISTA

Si un catalizador es un elemento que produce cierta aceleración en la transformación de un compuesto, sin pasar a formar parte del resultado final, o sea, que permanece después inalterable, podemos decir que el sindicalismo ejercerá de catalizador, en la lucha por la transformación social. Porque, en una sociedad sin clases, donde los trabajadores pasen a ser los dueños efectivos de los medios de producción y, consecuentemente, del producto de su trabajo, la lucha sindical no tendrá sentido.

Sin embargo, sí lo tiene, y mucho, durante el proceso de transformación, en el que puede actuar de verdadero catalizador, acelerando los acontecimientos, agudizando las contradicciones, enfrentado efectivamente los intereses de los asalariados con los de los propietarios de los medios de producción. Y, por consiguiente, con su estado protector. Luchar, aquí, por un Marco Cántabro de Relaciones Laborales, así como por otras mejoras parciales, servirá para agudizar el enfrentamiento y acelerar el cambio necesario, abriendo la puerta a reivindicaciones de mayor alcance.

Con su acción reivindicativa, con la demanda de todo aquello a lo que los trabajadores es justo que accedan, los sindicatos de clase pueden poner en evidencia las limitaciones económicas y políticas del capitalismo en la satisfacción de las necesidades del conjunto de la población, y facilitar que grandes mayorías lo constaten. Y, aunque los trabajadores, individualmente luchen por esas reivindicaciones en sí mismas, cada una de ellas, como un fin último, es función de los sindicatos darle sentido global a esa lucha, resaltando siempre la incapacidad del sistema y la necesidad de sustituirlo por otro.

Por moverse el sindicalismo en los niveles de conciencia más asequibles para la mayoría de la población, dado que normalmente planteará objetivos inmediatos, concretos y, en la mayoría de los casos, materiales, se convierte en campo propicio para la toma de conciencia y para la acumulación de fuerzas efectivas para la lucha.

Por abarcar a importantes colectivos de trabajadores, puede convertirse en fuerza material que ponga en pie iniciativas que adelanten, ya en el actual sistema, situaciones propias del sistema por el que luchamos, redes de solidaridad, cooperativas claramente gestionadas con sentido de clase, cajas de resistencia encaminadas a la autodefensa contra la represión, en tanto persista el Estado opresor, etc.

SE LES VE EL PLUMERO

La estrategia del Estado ha logrado un objetivo importante, a juzgar por la celebración generalizada de políticos, periodistas y opinadores que inundan los medios de comunicación: por primera vez –festejan- el Parlamento Vasco tiene una mayoría no nacionalista y, además, no estará presente la llamada izquierda abertzale.

A quienes nos preocupa la salud democrática general de nuestra sociedad, así como la concreta de las instituciones, no podemos evitar fijarnos continuamente en el conflicto vasco, pues es en él donde se manifiesta una verdadera disidencia activa contra el estado español, y es este el tema que ocupa, sin lugar a dudas, más tiempo en el caro espacio televisivo español. Es, en situaciones de disidencia, de enfrentamiento con las minorías, de resolución de este tipo de conflictos, donde claramente se pone de manifiesto la salud democrática de un país.

Gobierno, jueces, partidos políticos y medios de comunicación han conseguido, con todo tipo de medidas, que el voto de todos los vascos no se vea reflejado en el número de escaños del nuevo Parlamento. Ha sido éste un objetivo político (no un imperativo legal ni ético) por el que han trabajado todos, unos más legítimamente que otros, pero todos. Y todos se dedican ahora a celebrarlo.

Los artificios electorales y los posibles pactos, de apariencia contra-natura, pueden posibilitar que el lehendakari nacionalista, al que estábamos tan acostumbrados, sea, por primera vez, desbancado y sustituido por uno “constitucionalista” (más apropiado sería denominarlo “españolista”, para distinguirlo, pues el PNV, en la práctica, también es constitucionalista). ¿Qué va a cambiar con todo esto? ¿Sólo el nombre del lehendakari? ¿Dejará Ibarretxe el asiento? Para el PNV van a cambiar muchas cosas. Ciertamente. Pero, los demás ¿qué cambios de fondo proponen? ¿Va a haber más libertad en Euskadi? ¿Para quién?

Para quienes eso celebran, no es el cambio de lehendakari lo importante. Han logrado su verdadero objetivo, dejar fuera del Parlamento a la izquierda independentista y, así, desvirtuar los resultados electorales. ¿Es esta su victoria definitiva? ¿Cuántas victorias “definitivas” contra el independentismo vasco nos quedan por escuchar? ¿Cuántas desarticulaciones de comandos, de cúpulas terroristas nos han anunciado y cuántas les quedan por anunciar? ¿Cuántas prohibiciones de actos políticos y suspensiones cautelares faltan para que llegue la paz a Euskadi? ¿Van a dejar de prohibir? ¿Van a dejar que actúe la democracia sin que sean ellos los únicos que impongan las reglas de juego?

El balance inicial de estas elecciones es el resultado de toda una estrategia pacientemente urdida y que nada tiene de democrática. Las otrora presiones de todo tipo para que los independentistas de la izquierda abertzale hiciesen política, se han convertido ahora en prohibiciones, también de todo tipo, para impedirles que lo hagan. Descalificaciones, ilegalizaciones, detenciones, controles, escuchas telefónicas, embargos de cuentas, suspensiones cautelares, cierres de periódicos, persecuciones varias, han dado como resultado que más de cien mil votos no hayan sido contabilizados en estas elecciones, porque las listas a que iban destinados no han podido concurrir legalmente. Quienes, por experiencia, sabemos lo que es luchar por el voto en clara desventaja, en una contienda electoral, sabemos bien lo que esos votos anulados valen. No son cuatro, ni diez, ni cien. Son cien mil votos, que supondrían 6-7 escaños, y echarían por tierra toda la aritmética actual sobre posibles mayorías. La salud de esta democracia se encuentra en estado crítico. Quienes han perpetrado todos estos atropellos cantan victoria. Y muchos les aplauden.

Cantan victoria. Pero se les ve el plumero. A todos en general, pero a unos más que a otros. Para alcanzar su objetivo han empleado todo tipo de argucias. Teniendo el poder, no es difícil hacerlo. Lo de la democracia es pura verborrea para ellos, y el estado de derecho una clara estratagema.

Se le ve a uno el plumero cuando se le descubre sus verdaderas y ocultas intenciones.

Se les ve el plumero a todos los que siempre usan la aritmética a su favor, exigiendo grandes mayorías a los otros, cuando quieren cambiar las cosas, y consideran un gran cambio que ellos ganen por la mínima.

Se les ve el plumero al Tribunal Supremo y al Constitucional cuando basan sus sentencias en estrictas “convicciones jurídicas” (deberían decir conveniencias políticas) y no en pruebas materiales y objetivas en que deben basarse, de acuerdo con su propio ordenamiento jurídico.

Se le ve el plumero al juez Garzón, cuando apoya sus instrucciones sumariales en declaraciones obtenidas en situación de incomunicación de los detenidos, y cuando da valor de prueba a meras “conjeturas policiales”.

Se le ve el plumero a Rajoy que pone el grito en el cielo por una supuesta persecución del juez Garzón contra su partido ”, cuando su “entorno”, el del PP, y algunos de sus cargos electos aparecen salpicados de todo tipo de corrupciones y, a la vez, aplaude al mismo juez por su teoría de que “todo es ETA”, de que la izquierda abertzale es el entorno de ETA, y si es su entorno, también es ETA. ¿Me incluirán en ese entorno por escribir esto?

Se les ve el plumero a quienes no han sido capaces de condenar tajantemente, sino que han “comprendido la reacción humana” (aunque violenta) del joven del mazo de Lazkao, y aplauden su puesta en libertad, a la vez que siguen exigiendo machaconamente a la izquierda independentista que pronuncie la palabra “condena”, refiriéndose a la violencia de ETA, como “prueba del algodón” para darle el carnet de demócrata. Está claro que, para ellos, hay unas violencias más democráticas que otras.

Se le ve el plumero a Rubalcaba, que se permite anunciar de antemano que los jueces van a resolver las cuestiones en un sentido determinado, cuando todavía ni siquiera se han reunido, y afirma, al mismo tiempo, que los jueces no siguen las directrices del Gobierno.

Se le ve el plumero cuando sigue defendiendo, no ya la inocencia, sino los propios hechos en que están envueltos quince guardias civiles encausados por un juez de San Sebastián por presuntas torturas a dos detenidos independentistas.

Se les ve el plumero a todos los que silencian (incluidos periodistas) los informes del Relator de Derechos Humanos de la ONU, en los que denuncia la Ley de Partidos española como un peligro para la democracia, y propone que se elimine la incomunicación de los detenidos en comisarías, para que desaparezcan las sospechas sobre torturas y malos tratos.

Y, lógicamente, se le ve el plumero a Zapatero, el del distinto talante, que es quien elige a sus ministros, y el que está convirtiendo su segundo mandato en “la legislatura de las cacerías democráticas”, de la permanente caza, sin licencia, del disidente, y levanta la bandera del record guiness de encarcelados por trimestre.

Se les ve el plumero, en fin, a todos los palmeros del poder, mande quien mande, porque a ellos les va de cine tal como están las cosas, y les preocupa que puedan cambiar.

Quienes defienden que España es Una, tienen todo el derecho a hacerlo. Pero se les ve el plumero si niegan el mismo derecho a quienes no les importa que España sea una, dos o veinticinco, pero afirman que hay una parte que no es España.

Y si, en democracia, los conflictos, ocasionados por disparidad de pareceres, se resuelven mediante el diálogo y, en último extremo, cuando las disparidades son insalvables, por votación, ¿por qué no permitir en Euskadi, o donde sea, que todos voten? Es más, ¿por qué no facilitar, procurar y promover que todos voten? ¿Lo contrario no es miedo a la democracia?

SE BUSCA EMPRESARIO

En una sociedad, en la que una mayoría de la población no tenemos más remedio, si queremos sobrevivir, que ofrecernos a trabajar para otro, un empresario, lo menos que podemos pedir es que, aquél que nos contrate, sea eso, un empresario.

Empresario, según la Academia de la Lengua, es una persona que emplea obreros, que es propietario y dirige una unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios, con fines lucrativos. Esto último es la clave. Si el empresario no obtiene beneficios, no contratará obreros. Y si no contrata obreros, ¿de dónde sacará sus beneficios? Pero todo tiene que tener un límite. Y, en esta sociedad parece que no lo hay.

También se suele identificar al empresario con quien emprende, con resolución, acciones dificultosas o azarosas, corriendo el riesgo de, o estando expuesto a perder en su intento o no lograr su objetivo. Muchas veces, la obtención de más o menos beneficio depende de lo decidido que sea el empresario, de lo capaz que sea de arriesgarse. Y es que, además, si el empresario no arriesga, ¿cuál es su mérito? ¿Cómo justificará sus superiores ingresos?

Sin embargo, y aprovechando que el Pisuerga pasa por la crisis actual, asistimos al triste espectáculo de ver cómo los representantes patronales, en nuestro país, piden machaconamente que se eliminen los pocos derechos laborales que nos quedan a los trabajadores en la legislación y que, según ellos, dificultan la obtención de mayores beneficios. No quieren ningún riesgo. Ni siquiera un mínimo control sobre sus cuentas como el que pueda ejercer la Administración en la tramitación de un ERE. Quieren que les cueste menos despedir, rebajando la indemnización a veinte días por año, cuando ya lo pueden hacer ahora presentando un ERE. Quieren poder despedir o mandar al paro a sus trabajadores sin tener que pedir permiso, y sin que les cuesta nada o lo menos posible.

Y, sobre todo, lo pretenden porque han renunciado, de hecho, a ser empresarios. No son emprendedores. Son segurolas, amarrateguis. Quieren garantías antes de emprender. No confían en su capacidad empresarial. Dudan de que puedan ganar dinero. No creen en lo que hacen. No se casan para toda la vida. Cuentan, de antemano, con que van a fracasar. Son como esas parejas que, antes de casarse, ya tienen acordada la separación de bienes. ¿Para qué les queremos entonces? ¿Qué nos aportan? ¿No les basta el compromiso nuestro de trabajar según las condiciones del contrato?

A estos empresarios no los debería querer ni la propia clase empresarial, porque, a lo único que aspiran es a ser auténticos parásitos sociales y desprestigian a su clase. Algún día nos pedirán que devolvamos, cuando nos despidan, parte del salario que hemos cobrado. A eso aspiran muchos.

¿O es que ser empresario es precisamente eso?

ESTADO DE DERECHO Y DERECHOS DEL ESTADO

Lo que voy a decir puede parecer ingenuo, para mí el primero, aunque seguro que, para más de uno, será calificado como malintencionado y para otros me quedaré corto. Todo es posible, dada la esquizofrenia colectiva que vivimos, donde se llega a considerar que intentar presentarse a unas elecciones es un órdago al Estado. Pero, por lo mismo, habrá que arriesgarse a opinar, si es que a uno le queda algo de autoestima y responsabilidad. ¿Desde cuándo opinar puede representar un riesgo en un estado democrático?

El Estado no tiene derechos, los ciudadanos sí. El Estado tiene competencias otorgadas por los ciudadanos, que no derechos. Y competencias limitadas. Derecho es la facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida. Competencia es la atribución legítima para el conocimiento o resolución de un asunto. El derecho nace de la naturaleza de las cosas, de la persona, de la comunidad. La competencia le es atribuida a alguien por alguien, en este caso, por el Pueblo al Estado. El concepto moderno de “estado de derecho” hace referencia a una organización en donde las decisiones sobre los ciudadanos están fundamentadas, no son arbitrarias ni discriminatorias. El estado de derecho nace y se consolida como instrumento para defender al ciudadano del poder absoluto del tirano. En definitiva, el Estado es una organización que defiende los derechos de los ciudadanos frente a otros ciudadanos y frente a su propia Administración. El estado de derecho si algo tiene que ser es imparcial. El Estado no tiene ningún derecho sobre los derechos de sus ciudadanos. Parece un juego de palabras. Hacia el interior de la propia sociedad que lo sostiene, el Estado no puede ser juez y parte y no puede quedar excluido de la obligación de cumplir la ley. Perdería toda legitimidad y la razón de su existencia si llegase a incumplirla. El Estado no contará, por tanto, con cloacas donde recoger “los excrementos de su acción política” (los Gal, por poner un ejemplo) porque, por definición, no debe producir excrementos.

Todo esto en el terreno abstracto de la teoría.

Pero, la realidad es mucho menos abstracta. El Estado lo componen normas e instituciones y organizaciones sociales y económicas concretas pero, sobre todo, ciudadanos, con competencias otorgadas para aplicar las normas, representar a las instituciones y actuar en su seno. Como ciudadanos que son, esas personas también tienen derechos frente a las mismas normas e instituciones a las que representan o en las que actúan. Los gobernantes, los parlamentarios, los militares, los jueces, los policías y cuantos forman parte del aparato de estado, tienen las competencias de su cargo y tienen derechos como ciudadanos. El resto sólo tenemos derechos, no competencias. Que un funcionario o un político tengan sus particulares objetivos y opiniones sobre la vida y la política es legítimo, pero no lo es que utilicen las ventajas de las competencias que los demás les hemos otorgado en beneficio propio o en perjuicio de otros. En esto todos solemos estar de acuerdo. Al menos, de palabra. De lo contrario y con respecto a los demás ciudadanos, se convertirían en ciudadanos de una “clase superior” y eso sería una aberración para la democracia.

Hasta aquí, mi ingenuidad. A partir de ahora, correré el riesgo de opinar más en concreto, aunque, confieso, que me encuentro perplejo.

Las declaraciones del Gobierno, asegurando que impedirán, por todos los medios, incluso antes de que pueda empezar a andar, que se presente a las elecciones vascas cualquier candidatura que “huela” a Batasuna, y las últimas actuaciones del juez Garzón dirigiendo la operación de detención de unos ciudadanos vascos que pretenden formar una agrupación electoral, ha colmado mi capacidad de asombro. Quizá sea por el grado de ingenuidad (o de sentido común, diría yo) con que, ciertamente, acostumbro a ver las “cosas de la política”. Durante mucho tiempo me he creído eso de la democracia, pero, a medida que veo cosas, cada vez más me parece un cuento de unos pocos para manipularnos a todos. Ya ni siquiera hacen el paripé de encargar al fiscal que investigue a ver si hay ilegalidad, sino que, directamente, le ordenan que impida la presentación de las listas.

He oído muchas cosas sobre la Ley de Partidos, pero nunca me había enfrentado con su texto directamente. Movido por la curiosidad, acudo a él y me encuentro con que una ley que, teóricamente, pretende fortalecer jurídicamente la existencia de los partidos y su actividad como “instrumentos fundamentales para la participación política” que son, y cuya creación y el ejercicio de su actividad debe ser libre, según la Constitución, presenta como principal novedad y, yo diría, como mayor preocupación, en su exposición de motivos, la regulación, precisamente, de lo contrario, las causas de disolución de partidos y suspensión de sus actividades, a lo cual dedica la cuarta parte de su articulado. Si bien es verdad que la ley dice que “cualquier proyecto u objetivo (político) se entiende compatible con la Constitución, siempre y cuando no se defienda mediante una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales de los ciudadanos”, sin embargo, la minuciosidad con que enumera los supuestos de causas de ilegalización y suspensión de actividades y la coincidencia con los argumentos repetidamente expuestos por el Gobierno y por el juez Garzón en su particular persecución de la izquierda independentista vasca, revelan, claramente, que esta ley está concebida como el principal instrumento para legalizar toda la persecución llevada a cabo contra dicho movimiento político.

¿Tenemos que confiar en la Ley?

La ley distingue entre objetivos y métodos, entre proyectos y actividades, entre individuos y organizaciones, pero quienes la están aplicando no. Los objetivos de quienes pretenden participar legalmente en la política me imagino que serán políticos. Que lo sea o no su actividad, en cualquier caso, estará por ver, ya que, en este caso, no ha empezado siquiera a caminar. En la práctica, sin embargo, el juez y el Gobierno obvian considerar los objetivos expresados y optan por adivinar las veladas intenciones y, así, curarse en salud. Y, para ello, apelan a actitudes y/o conductas anteriores y a pretendidos intentos de recoger la “herencia de Batasuna” por parte de los detenidos, todo ello, en medio del clima de rechazo y miedo que se ha creado en torno a esa organización por parte de jueces, políticos y medios de comunicación. ¿Son éstos argumentos jurídicos? No. ¿Lo son democráticos? Tampoco. Pero es que además, ¿dónde está esa pretendida herencia, si sus dirigentes, su estructura, sus locales y medios, sus fondos, han sido requisados o encarcelados? ¿Cuál es la herencia que puede dejar Batasuna? ¿Le queda algo más que no sean sus ideas, sus objetivos y sus deseos? ¿No dice la ley que cualquier proyecto es compatible con la Constitución? ¿Se trata de impedir que nadie “herede” dichos objetivos? ¿Se trata de impedir que quienes defienden la independencia de su país no puedan expresarlo públicamente? Que se diga claramente. Políticamente, sería legítimo combatir dichos objetivos, pero no judicialmente. Nos quieren confundir mezclando fines políticos e intereses electorales con defensa de la ley. Pero, a estas alturas, después de tanta medida preventiva, después de tantas suspensiones cautelares que cierran periódicos, que ilegalizan organizaciones, de hecho, antes, incluso, de que sean juzgadas, después de tantos equilibrios para, supuestamente, descubrir intenciones aviesas, después de tantos seguimientos policiales, después de tantas detenciones, después de tantos malos tratos en comisarías, después de tantos juicios sumarísimos paralelos en los medios de comunicación, lo único que queda en el aire es que ciertas instituciones, cierta clase política, ciertos poderes están defendiendo sus proyectos políticos utilizando sus competencias y una legalidad, hecha por ellos mismos, en beneficio exclusivo de sus intereses. Es legítimo que PSOE, PP e IU defiendan la unidad de España como proyecto político, ¡cómo no!, lo mismo que es legítimo defender la independencia de alguna de sus partes por quien quiera hacerlo. Pero siempre con instrumentos políticos, no judiciales. Con la valentía de correr los riesgos que comporta la democracia.

La democracia se defiende con más democracia. ¿Por qué tienen algunos tanto empeño en impedir que quienes proponen un proyecto político diferente al suyo lo puedan defender públicamente y someterlo al veredicto de los ciudadanos en unas elecciones? Sólo por intereses partidistas, particulares. ¿No va esto contra la democracia? ¿Se les va a impedir a los ciudadanos vascos que expresen su opinión sobre determinada opción política? ¿Es eso defender la democracia? Lo que se pretende no es defender la democracia sino evitar sus riesgos, ahogar el pluralismo tantas veces ensalzado. Se tiene miedo a ese pluralismo. Y, sobre todo, se tiene miedo a perder poder. Además, en la práctica, en este caso, todos esos pretendidos riesgos se pueden reducir al máximo, están siendo reducidos ya, por la vía de los hechos, pisoteando muchos derechos, con la puesta en prisión de personas, con la confiscación de medios, con la retención ilegal de sueldos y subvenciones de los cargos electos, con los votos de censura que se vienen practicando, con la prohibición de toda su actividad, con la negativa a admitir cualquier tipo de alegación o recurso. Ya no hay ningún riesgo de que “esos indeseables independentistas” utilicen dinero y medios públicos para sus “fines perversos”. Si el Gobierno y los jueces los tienen maniatados ¿por qué no les dejan presentarse para ver si los ciudadanos también les rechazan, negándoles el voto?. Sencillamente, porque el Gobierno, la clase política y los jueces defienden “su” proyecto político y no quieren correr el riesgo de que una opción distinta a la suya pueda obtener respaldo de los ciudadanos en unas elecciones limpias. A eso no quieren arriesgarse. Pero, ese es el precio de la democracia.

Nota.- Este artículo ha sido enviado, para su publicación, a los medios de comunicación escritos, en papel y digitales, de mayor difusión.

SE NOS FUE MORANTE

NOS DEJÓ EL MAESTRO

Dicen que el mayor dolor, cuando se pierde un ser querido, es la angustia de pensar que podemos llegar a olvidarlo. Dicen, también, que la mejor terapia es descubrir cuánto esa persona nos ha dejado dentro, cuánto nos ha influido, cuánto ha cambiado nuestras vidas por conocerla y tratarla, porque eso siempre estará en nosotros y nos la hará presente. Todas las personas que nos rodean dejan algo en nosotros, pero unas más que otras. Y siempre queremos más a las que más dejan en nosotros. Por eso, precisamente, las llegamos a querer tanto. Manolo nos influyó mucho y conocerlo y tratarlo cambió mucho nuestras vidas. Por eso lo hemos querido mucho.

En estas últimas horas, algunos de sus más allegados comentábamos con qué palabra podíamos definir mejor lo que Manolo ha significado para nosotros. Y, concluíamos que, además de amigo, compañero o camarada, como el decía, a la antigua usanza, Manolo, para muchos de nosotros ha sido maestro.

Ha sido un hombre, es un hombre que se hizo a sí mismo, desde su entrada en la Escuela de Aprendices de la Naval de Reinosa, pasando por sus estudios nocturnos hasta hacerse Ingeniero Técnico o, ya tardíamente, Graduado Social. Siempre estudiando, siempre leyendo, cogiendo apuntes en todas las reuniones. De él aprendimos el rigor y la generosidad en el trabajo. Siempre nos inculcó lo importante que era formarse.

Pero, sobre todo, aprendimos de él lo importante que es comprometerse seriamente y entregarse de lleno a las causas en las que creemos. Él lo hizo. Sintió pronto el amor a la libertad, pero descubrió enseguida que si no hay libertad para todos, uno tampoco es libre. Y eso lo llevó a comprometerse sindical, social y políticamente, defendiendo posturas, muchas veces, difíciles, por ir contracorriente.

Y supo bajar a lo concreto, lo mismo siendo promotor de cooperativas que fundador del Sindicato Unitario, siendo concejal de Torrelavega por la ORT en la primera corporación democrática, que formando parte de la primera Comisión Nacional de las antiguas Comisiones Obreras. O, incluso, simplemente, publicando, en la prensa, una carta solidaria, que ni siquiera él había escrito, y que le costó el despido de Sniace.

Pudo vivir mejor, pero su sentido de clase y su sensibilidad humana, le hicieron entender también el mensaje de la llamada iglesia de los pobres y lo aplicó a su vida, de tal manera que, quienes le hemos conocido desde muchos años atrás, siempre le hemos encontrado en este bando, en el de los explotados, en el de los desposeídos. Su compromiso en la lucha por la libertad para todos fue inequívoco. Su vida fue austera

Se nos ha ido el maestro.

Pero, para sus compañeros de toda la vida, Manolo, creemos que se nos fue antes. Quizás hace años, cuando a él se le fue Tere, su compañera de toda la vida. Haberlo tenido como maestro, sin duda, nos ha impedido verlo como persona, profundamente triste tras la pérdida del amor de su vida. Y es que las grandes personas, los individuos sobresalientes, destacan siempre por juntar su enorme capacidad para comprender las cosas y comunicarlas a los demás, con una enorme sensibilidad y una gran capacidad para amar.

Quizás es este el momento, también, de homenajear a Tere, su compañera, siempre detrás, en segundo plano, pero apoyando sólidamente, tanto como Manolo supo apreciar, en las circunstancias más difíciles.

A Manolo y Tere los recordaremos siempre.

Nota.- Este artículo ha sido enviado a todos los medios de comunicación escritos, en papel o digitales, de cierta difusión, para su publicación.